Home

[Pots llegir l’opinió en català aquí]Jordi Serrat

(Sábado, 22 de noviembre de 2014)

JORDI SERRAT MANÉN || Periodista y profesor de la UVic

El título de este artículo puede desconcertar o sorprender ya que de entrada las balanzas fiscales y el ministerio público (o fiscalía) son conceptos que no tienen absolutamente nada que ver. En España, sin embargo, todo es relacionable. A continuación, me explico. Vayamos por partes.

Concepto 1, balanzas fiscales. Existen varios instrumentos para evaluar la diferencia entre lo que pagamos los catalanes vía impuestos y lo que recibimos a cambio en forma de bienes y servicios, después de que el gobierno español redistribuya la recaudación entre todas las comunidades con criterios de solidaridad. Tenemos el método de flujo monetario que calcula los saldos fiscales en el territorio de la diferencia entre los ingresos y el gasto público transferido a cada lugar. Y, por otra parte, el método de flujo del beneficio que calcula el esfuerzo fiscal y lo que acaba revirtiendo a la población contando la parte proporcional de los servicios del Estado que no están emplazados físicamente en Catalunya pero que también destinados a los ciudadanos de esta comunidad.

También el gobierno central ha hecho su propia metodología de balanzas fiscales -con unas cuentas públicas territorialitzantes- en los que se computa, por ejemplo, que la alta dirección del Gobierno, su diplomacia en el extranjero, la defensa, la Jefatura del Estado o el Consejo de Estado benefician, según ellos, a todos los españoles de la misma manera.

Concepto 2, la fiscalía y las altas instituciones españolas. Sobre el papel, los órganos públicos deben servir para todos los españoles al margen de donde vivan, tanto si votan al PP como si son independentistas catalanes. La realidad, sin embargo, es muy diferente. El fiscal general del Estado se querella contra una consulta democrática en Catalunya, el Tribunal Constitucional no autoriza el derecho a decidir en Catalunya, o la embajada española de Holanda censuró la presentación de Victus del escritor Albert Sánchez Piñol porque trata sobre el 1714. Las estructuras del sistema central actúan sectariamente y se dedican a perseguir aquellos que no son de su cuerda españolista.

Conclusión: ¡qué cara! ¡Es lamentable que alguien considere a nivel económico que las altas instituciones hispánicas generan bienestar a los catalanes! El señor Torres-Dulce lo pagamos todos. Tanto si el gobierno lee o no el gasto de fiscalía como gasto territorializable -es igual, no entro a nivel técnico-, es evidente que este señor tiene un sueldo público y no aporta ningún beneficio para Catalunya. Ha criminalizado las urnas de cartón donde 2,3 millones de votantes hicimos opinar sobre nuestro país. No hacíamos nada malo. No olvidemos, además, que, como el resto de ciudadanos, los participantes en el 9-N también contribuimos a sufragar tanto el TC y la justicia española, como la Corona o el Senado que financia los viajes del presidente extremeño en Canarias.

Ya sé que tenemos muchos catalanes que no son ningún ejemplo de moralidad política, pero ¡por favor! a nivel contable que no hagan trampas. Que no pongan como gasto por el bien común catalán la alta dirección del Estado con el falso argumento de que España vela por todos. Es una vergüenza que en las balanzas del Ministerio se desglose, por ejemplo, como dato positivo para el interés general -también de Catalunya- gasto del Defensor del Pueblo aunque esta institución hizo mucho daño a los catalanes cuando impugnó del Estatuto, votado y aprobado en referéndum, con un recurso en el que negaba la nación catalana.

Entre balanzas y fiscales, para acabar de remachar el clavo y continuando con más juegos semánticos, recordemos que la balanza es el símbolo de la justicia. Sin embargo, si se asoman la fiscalía española, constatamos que uno de los platos del equilibrio está demasiado descompensado a favor de la sacrosanta unidad nacional española. Un dogma político que nos cuesta mucho dinero y nos impide ser modernos.

Mientras que en el Parlamento catalán ya tiramos con 135 escaños, en las Cortes españolas necesitan más de 600 sillas entre diputados y senadores a parte de asesores a raudales y altos cargos de una administración central mastodóntica. Mientras, sufrimos la losa de 8.455 millones o 15.000 millones -según la fuente-, de déficit fiscal en Catalunya que nos harían falta para financiar servicios sociales básicos y enjugar la deuda.

¿Nos vamos?

Ya estamos tardando demasiado.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s